PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES vs. DEUDA VENEZOLANA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES vs. DEUDA VENEZOLANA

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Conversar hoy día sobre un posible “default” de la deuda pública adquirida por la República Bolivariana de Venezuela y/o de los empréstitos obtenidos por los entes descentralizados de la administración pública, es factor común en los medios de comunicación y debates sostenidos por especialistas y venezolanos de a pie. En tal sentido, si bien es cierto preocupa la posibilidad de un “default” y sus consecuencias, también inquieta el que muchas de esas opiniones muestran desconocimiento sobre los aspectos legales y contractuales propios del tema en cuestión. Quizás esto sucede, en parte, porque algunos sectores han promovido la idea (desde hace mucho tiempo) que entender, analizar y dedicarse a temas de crédito público, financiamientos estructurados y temas conexos, está reservado sólo para algunos pocos “privilegiados”. En modo alguno eso es cierto, y no puede serlo en un país en el que la relación petróleo – deuda / empréstito está destinada a no perder vigencia.

Lo anterior alcanza otro nivel de preocupación si lo trasladamos al contexto de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, específicamente en lo atinente a la Debida Diligencia que debe practicarse sobre los recursos económicos que usuarios bancarios han recibido y recibirán en sus cuentas producto del pago de capital o cupón de tales bonos, sobre todo, luego de la Orden Ejecutiva emitida el 24 de agosto de 2017 por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Relacionar Prevención y Control de Legitimación de Capitales con la deuda pública venezolana, obliga conjugar diversos tópicos en los que se enmarcan cada uno de esos factores y en función de ello aplicar lo previsto en la Orden Ejecutiva en cuestión.

Instituciones bancarias ubicadas en diversas latitudes, se han pronunciado sobre cómo entender la Orden Ejecutiva del 24 de agosto de 2017 y muchas de ellas han privilegiado en su análisis lo político sobre lo técnico, con lo cual los resultados que han derivado de la Debida Diligencia practicada han estado muy alejados del óptimo.

Todo Oficial de Cumplimiento que inicie una Debida Diligencia sobre el tópico que nos ocupa debe considerar que (i) de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, toda operación de crédito público es un endeudamiento público, pero no todo endeudamiento público es una operación de crédito público; y (ii) deuda pública es el endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público. Partiendo de tales consideraciones es que pueden identificarse las acciones y formalidades que deben exigirse en el marco de la Debida Diligencia sobre los recursos económicos provenientes del pago de capital o cupón de los bonos antes referidos.

Si los Oficiales de Cumplimiento de los bancos desconocen tales consideraciones, mal podrán diseñar y ejecutar una Debida Diligencia adecuada al caso de marras.

Insistimos, si la banca está en fase de evolución, la formación de los Oficiales de Cumplimiento también debe estarlo.

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